Granjas de trolls y bots en Perú: ¿protección electoral o riesgo para la libertad de expresión?
» La política peruana enfrenta un nuevo desafío: el uso coordinado de cuentas digitales para influir en la opinión pública. En este escenario, una propuesta legislativa busca prevenir operaciones ilícitas de trolls y bots durante los procesos electorales.
El debate no consiste únicamente en combatir campañas de desinformación. También exige definir con claridad qué conductas deben sancionarse, cómo se investigarán y qué garantías protegerán a quienes ejercen su derecho a opinar.
Una regulación mal diseñada podría convertirse en una herramienta para perseguir críticas legítimas, sátiras o posiciones políticas incómodas. Por eso, la participación de la sociedad civil resulta indispensable para construir reglas que defiendan la democracia sin debilitar las libertades.
Proyecto de ley sobre trolls y bots plantea un debate democrático de fondo
El Proyecto de Ley 198-2026-2031-CD propone prevenir y sancionar operaciones digitales coordinadas ilícitas conocidas como granjas de trolls y bots. Su objetivo declarado es fortalecer la integridad de los procesos electorales.
La iniciativa aparece en un contexto donde las redes sociales tienen un papel cada vez mayor en la formación de opiniones, la difusión de propuestas y la confrontación política. Una campaña digital puede alcanzar millas de personas en pocos minutos.
Sin embargo, combatir el uso abusivo de la tecnología requiere algo más que incorpore términos modernos a una norma. La legislación debe identificar conductas concretas, establecer responsabilidades y garantizar que ninguna legítima sea confundida con una operación ilícita.
Definiciones imprecisas podrían dificultar la aplicación de la norma
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto se relaciona con el uso de expresiones como perfiles inauténticos, cuentas falsas, granjas de trolls y granjas de bots. Estos conceptos no deben emplearse como si fueran equivalentes.
Una cuenta falsa puede referirse a una identidad inventada, mientras que un perfil inauténtico podría describir una cuenta que oculta quién la administra o simula una actividad distinta. Ninguna de estas situaciones demuestra, por sí sola, la existencia de un delito.
La diferencia es importante para evitar decisiones arbitrarias. Una ley precisa debe explicar qué elementos permiten identificar una operación coordinada,cuál es su finalidad ilícita y qué pruebas serán necesarias para establecer responsabilidad.
Granjas digitales y redes coordinadas necesitan criterios verificables
El término granja de bots suele asociarse con el uso automatizado de numerosas cuentas para publicar, compartir o amplificar contenidos. Las granjas de trolls, en cambio, suelen relacionarse con personas o grupos que intervienen coordinadamente para provocar, hostigar o manipular conversaciones.
No obstante, una actividad coordinada no es necesariamente ilegal. Periodistas, organizaciones sociales, ciudadanos y agrupaciones políticas también pueden organizar campañas legítimas en internet. La coordinación, por sí misma, no demuestra una infracción.
Por esa razón, el proyecto debería precisar qué entiende por red digital, cómo se acredita la coordinación y qué diferencia existe entre una acción colectiva legítima y una operación ilícita. Sin estos criterios, la aplicación de la norma podría resultar confusa.
La desinformación electoral no se limita al daño contra una persona
Otro punto de discusión es el alcance de las conductas que la propuesta pretende sancionar. Si la regulación se concentra en afectar el honor, la reputación o atribuir hechos falsos a una persona mediante una identidad falsa, podría dejar fuera otras formas de desinformación.
Una noticia falsa puede perjudicar a una comunidad, distorsionar una política pública o alterar la percepción de un proceso electoral sin suplantar a nadie. También puede difundirse desde una cuenta auténtica, con nombre real y sin atacar directamente el honor de una persona.
Por ello, el análisis legislativo debe distinguir entre difamación, manipulación informativa, propaganda engañosa, automatización abusiva y otras conductas. Cada fenómeno requiere criterios propios, pruebas suficientes y respuestas proporcionales.
Regular la tecnología no sustituye la sanción de conductas ilícitas
El problema central no debería ser únicamente si se utiliza una cuenta falsa, un robot o una granja digital. Lo fundamental es determinar qué conducta se realizó, qué daño produjo, cuál fue su intención y si existe una responsabilidad jurídicamente demostrable.
El ordenamiento peruano ya contempla mecanismos relacionados con los delitos contra el honor y otras infracciones vinculadas con la información, la propaganda y el financiamiento político. Una nueva norma tendría que justificar claramente qué vacío pretende resolver.
La regulación tecnológica puede quedar rápidamente desactualizada. En cambio, una legislación centrada en conductas verificables puede adaptarse mejor a nuevas plataformas, herramientas automatizadas y formas de comunicación que todavía no conocemos.
Libertad de expresión y prensa deben contar con garantías efectivas
La libertad de expresión protege también las opiniones incómodas, las críticas severas, el humor político, la sátira y el uso de seudónimos. Una democracia saludable necesita espacios donde las personas puedan cuestionar a quienes ejercen el poder.
Aunque una propuesta legislativa excluya expresamente determinadas expresiones, esa garantía debe reflejarse en su aplicación práctica. Una denuncia por supuesta operación de trolls o bots podría generar temor, costos legales y silenciamiento antes de que exista una decisión definitiva.
Por ello, cualquier procedimiento debe incorporar garantías de defensa, criterios probatorios estrictos, control judicial cuando corresponda y sanciones proporcionales. La protección electoral no puede convertirse en una vía indirecta para censurar el debate público.
La fiscalización del financiamiento digital exige mayor transparencia
Las campañas políticas en internet pueden involucrar publicidad pagada, contratación de creadores de contenido, administración de cuentas y difusión de mensajes en distintas plataformas. Conocer quién financia estas actividades es esencial para proteger la competencia electoral.
La transparencia debe permitir identificar a los responsables de los gastos, el origen de los recursos, los servicios contratados y las formas de difusión utilizadas. Estos datos ayudan a diferenciar una campaña legítima de una operación financiera de manera irregular.
Los organismos electorales han desarrollado reglas y mecanismos de supervisión sobre propaganda y financiamiento político. Una nueva iniciativa debería coordinarse con esas herramientas, evitar duplicidades y establecer procedimientos claros para obtener información digital válida.
El impacto de las operaciones digitales no termina con las elecciones
La propuesta se enfoca en fortalecer la integridad de los procesos electorales. Sin embargo, las operaciones coordinadas de manipulación, hostigamiento o desinformación también pueden producir daños durante períodos no electorales.
Una campaña digital engañosa puede afectar la confianza en las instituciones,desacreditar a organizaciones sociales o influir en decisiones públicas mucho antes de una votación. La democracia no se reduce al día en que la ciudadanía acude a las urnas.
Por eso, el debate debería considerar si corresponde establecer reglas generales para determinadas conductas ilícitas, sin limitar injustificadamente la libertad de expresión. El reto consiste en proteger el espacio público durante todo el año.
La sociedad civil debe participar en la construcción de la regulación
La elaboración de normas sobre comunicación digital no puede quedar restringida a las instituciones políticas. Periodistas, investigadores, especialistas tecnológicos, universidades, organizaciones ciudadanas y defensores de derechos deben aportar sus experiencias.
La sociedad civil puede ayudar a identificar riesgos reales, advertir posibles abusos y proponer mecanismos de transparencia. Sus contribuciones permiten que las decisiones legislativas respondan a problemas concretos y no únicamente a preocupaciones coyunturales.
Una discusión abierta también fortalece la confianza pública. Escuchar a quienes podrían verse afectados por una regulación ayuda a construir reglas equilibradas, comprensibles y compatibles con una democracia plural.
Una ley legítima debe combatir abusos sin perseguir opiniones
La manipulación digital, el hostigamiento organizado y el financiamiento irregular de campañas pueden representar amenazas para la integridad electoral. Ignorar estos riesgos sería una decisión poco responsable frente a la transformación de la comunicación política.
Pero responder a esos desafíos con conceptos ambiguos también puede generar problemas. Una norma que permita acusar sin pruebas suficientes a ciudadanos, periodistas o grupos políticos debilitaría la confianza en las instituciones que pretenden proteger.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre seguridad democrática, transparencia, responsabilidad digital y libertad de expresión. Para lograrlo, el proceso legislativo necesita evidencia, debate técnico, participación ciudadana y controles efectivos.
El futuro de la democracia digital requiere reglas claras y diálogo
El debate sobre las granjas de trolls y bots ofrece una oportunidad para modernizar la respuesta institucional frente a los riesgos digitales. Sin embargo, cualquier reforma debe partir de definiciones claras y de una evaluación seria de sus consecuencias.
La tecnología cambia con rapidez,pero los derechos fundamentales no pueden quedar subordinados a cada nueva herramienta. La regulación debe perseguir abusos demostrables, proteger a las víctimas y evitar que las diferencias políticas sean tratadas como delitos.
La democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con transparencia y la ciudadanía participa en las decisiones que afectan sus libertades. Una buena ley no solo sanciona conductas ilícitas: también garantiza que nadie sea silenciado por pensar diferente.
Lorgio Bello Bohórquez
Administración de Empresas / UPIGV
Evangelista Digital / IA Gobernanza Digital
- Especialista en Diseño y Facilitación de Procesos Participativos para el Desarrollo Local
- Especialista en FODAs Institucionales
- Gestor Académico – Asociación de Estudio e Innovación ELEMENTOS
- Gestor Social – Mesa Educativa, Municipalidad de Independencia
- Gestor de Desarrollo Local Concertado – LimaNorte.com
- Gestor de Gobernanza – Asamblea Ciudadana
- Gestor de Salud Comunitaria – Autor de «Agenda de Salud de Lima Norte»
- Gestor de Seguridad Ciudadana – Asociación Vecinal del distrito Independencia @LimaNorte
- Facilitación de procesos participativos de actores y beneficiarios
- Diseño y formulación de proyectos sociales y Relaciones Institucionales
- Coordinación de proyectos de desarrollo local
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Fuentes: Proyecto de Ley 198-2026-2031-CD, Requisitos para proveedores de redes sociales en la franja electoral, Supervisión de propaganda electoral en redes sociales, Reglamentos electorales del JNE, Franja electoral y difusión de propuestas políticas, Compendio de legislación electoral 2026.
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