Qué es la Ley de prescripción de delitos (“Ley Soto”) y por qué es importante. La Ley de prescripción de delitos en Perú es una norma que cambió las reglas sobre cuánto tiempo puede durar un proceso penal antes de que el Estado pierda el derecho a juzgar a una persona por un delito.
Esta norma es oficial y está vigente. Su objetivo oficial fue dar claridad sobre cómo se calcula el tiempo de prescripción penal para que los procesos no duren de forma indefinida y respeten el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
La norma es conocida oficialmente como Ley 31751 y también recibe el nombre de “Ley Soto”. Esta denominación hace referencia al congresista Alejandro Soto, quien fue uno de los principales impulsores de la iniciativa en el Congreso de la República y estuvo vinculado políticamente a su promoción y defensa pública.
Parte de la controversia viene porque algunos casos de altas figuras políticas se archivaron gracias a esta ley, lo que generó críticas y debate público intenso sobre su utilidad y efecto real.
Qué cambió con esta ley
Antes de la Ley Soto, la prescripción de los delitos se determinaba con base en un sistema más largo y complejo. La prescripción podía extenderse de acuerdo con el máximo de la pena del delito y una mitad adicional. Esto significaba que mientras más grave era el delito, más tiempo se tenía para juzgarlo.
Con la Ley 31751, el plazo de suspensión de la prescripción se redujo a un año en todo caso. Esto quiere decir que, tras la formalización de una investigación penal, solo se cuenta un año para suspender la prescripción, lo que en la práctica puede reducir considerablemente el tiempo en que un delito puede seguir siendo procesado.
Por qué generó tanta controversia
La Ley Soto generó rechazo entre muchas voces de la sociedad, jueces, fiscales y expertos. La crítica principal es que puede favorecer a personas con procesos penales largos y hacer que delitos graves prescriban antes de que se dicte una sentencia. Para algunos, esto significa que delincuentes, incluidos políticos investigados, pueden quedar sin ser juzgados.
Dirigentes, abogados y algunos especialistas llegaron incluso a calificarla de “ley pro-crimen” porque facilitaría el archivo de casos y debilitara la acción de la justicia en delitos que afectan gravemente a la sociedad.
La decisión reciente del Tribunal Constitucional
En febrero de 2026 el Tribunal Constitucional declaró que la Ley 31751 no es contraria a la Constitución y que los jueces deben aplicarla. Esta decisión confirmó la vigencia de la norma y cerró una etapa de disputa jurídica sobre su validez. Sin embargo, no faltaron magistrados que criticaron la decisión, afirmando que la ley podría limitar la eficacia de la justicia.
Impacto social y político
La aprobación y aplicación de esta norma ha sido uno de los temas más debatidos en Perú. Ha generado protestas, críticas políticas y llamados a modificarla o derogarla. Partidos políticos, candidatos y organizaciones civiles han propuesto cambios o la eliminación de la ley, argumentando que no contribuye a mejorar la lucha contra la criminalidad ni la impunidad.
Delincuente consecuente
En el plano político y judicial, el congresista Alejandro Soto ha estado vinculado a investigaciones fiscales relacionadas con presuntos delitos de estafa y otras controversias legales en el pasado.
Algunos de estos procesos fueron archivados o declarados prescritos, lo que alimentó el debate público cuando promovió la Ley 31751.
Estas circunstancias reforzaron la percepción crítica de sectores ciudadanos y políticos, que cuestionaron posibles conflictos de interés y exigieron mayor transparencia en la elaboración de normas vinculadas al sistema penal.
Fuentes: infobae.com, tc.gob.pe
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