El vacío que deja sin protección a víctimas del sicariato.
El sicariato ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una amenaza diaria. Cuando un ataque ocurre dentro o cerca de un vehículo, surge una pregunta: ¿quién responde por las víctimas?
El debate gira alrededor de una realidad dolorosa: existen personas heridas o fallecidas en atentados vinculados al transporte, pero la cobertura obligatoria no siempre alcanza a esos casos.
La discusión plantea un vacío que merece atención inmediata. No se trata solo de seguros, sino de familias que enfrentan gastos, pérdidas y consecuencias económicas después de un hecho criminal.
La carta que plantea incluir el sicariato en la cobertura
El 18 de noviembre se presentó una carta técnica solicitando que el delito de sicariato sea incorporado dentro de los hechos cubiertos por los seguros obligatorios de tránsito.
El planteamiento parte de una observación directa: actualmente existen víctimas de ataques perpetrados mediante vehículos o en unidades de transporte que pueden quedar fuera de la cobertura existente.
La petición busca abrir una discusión legislativa y técnica. La idea es evaluar si el marco vigente responde a la nueva realidad de violencia que golpea a conductores, pasajeros y ciudadanos.
Por qué el sicariato no encaja hoy en la definición vigente
La norma considera accidente de tránsito a un evento súbito, imprevisto y violento en el que participa un vehículo. Dentro de esa definición se contemplan expresamente ciertos hechos especiales.
Uno de ellos es el acto terrorista. Sin embargo, el sicariato constituye un delito distinto, con una naturaleza criminal propia, por lo que no aparece expresamente incorporado en esa definición.
Ese detalle jurídico puede producir consecuencias concretas. Una víctima puede sufrir lesiones o morir durante un ataque relacionado con un vehículo y, aun así, enfrentar una discusión sobre la cobertura.
El proyecto legislativo que propone cerrar este vacío legal
Existe una iniciativa legislativa que propone modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para ampliar la cobertura del SOAT y del CAT en los casos de muerte por sicariato.
La propuesta plantea incorporar este supuesto dentro del sistema de protección para víctimas. Su objetivo es que las consecuencias económicas del delito no recaigan exclusivamente sobre las familias afectadas.
La iniciativa fue presentada durante el anterior periodo parlamentario y permanecía en comisión. El debate sigue siendo relevante porque la violencia contra el transporte continúa generando nuevas víctimas.
Un negocio rentable frente a víctimas que siguen desprotegidas
La crítica también apunta a la diferencia entre los ingresos que genera este mercado y la situación de quienes buscan atención o indemnización después de sufrir un hecho violento relacionado con vehículos.
En este contexto, la discusión no debería limitarse a cifras financieras. El sistema debe ser evaluado desde su finalidad principal: brindar protección rápida a las personas afectadas y a sus familias.
El marco actual mantiene la cobertura por accidentes de tránsito, mientras existen mecanismos complementarios para determinados casos, como vehículos no identificados que se dan a la fuga.
La sociedad civil exige respuestas y una protección más amplia
El petitorio sostiene que negar cobertura frente a una realidad criminal creciente puede convertirse en una injusticia social. Por ello, se solicita una respuesta normativa que considere los nuevos riesgos.
La Sociedad Civil tiene aquí una incidencia fundamental. Las víctimas, usuarios, transportistas y organizaciones ciudadanas pueden convertir sus experiencias en propuestas, vigilancia y presión legítima por mejores reglas.
Defender al usuario y al consumidor también significa exigir soluciones. La participación ciudadana permite identificar vacíos legales y promover cambios cuando la realidad supera las respuestas previstas por las normas.
El debate técnico, la responsabilidad institucional y el petitorio
El planteamiento solicita una posición clara sobre la inclusión del sicariato como hecho cubierto y sobre las razones técnicas que sostienen la exclusión dentro del marco actualmente aplicable.
También se pide impulsar una respuesta legislativa que permita incorporar los actos delictivos vinculados con esta modalidad criminal dentro de la protección correspondiente a víctimas y beneficiarios.
El reto es pasar de la denuncia a la solución. Una norma puede ser perfeccionada cuando las instituciones escuchan a la ciudadanía y cuando la experiencia de las víctimas se convierte en una reivindicación colectiva.
Una discusión que no debe terminar cuando termina la tragedia
El sicariato deja una cadena de consecuencias que continúa después del ataque. A la pérdida humana se suman gastos médicos, sepelio, deudas y familias que deben reorganizar su vida de manera repentina.
Por eso, el debate sobre la cobertura no debe verse como un asunto exclusivo de especialistas. Es una discusión sobre protección, derechos y la capacidad del sistema para responder ante nuevas formas de violencia.
La ciudadanía organizada tiene el derecho de exigir información, análisis, reformas y resultados. Ninguna víctima debería quedar invisibilizada por un vacío normativo cuando la realidad exige respuestas concretas.
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Gabriel Bustamante Sánchez
Presidente Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros
wsp +51933896503
Gabriel Bustamante Sánchez
Presidente Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros
wsp +51933896503
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Fuente: GabrielBustamante.pe
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